La RREI se suma a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

A principios de noviembre, la Red Regional por la Educación Inclusiva se incorporó como miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), luego de haber realizado varias acciones conjuntas los últimos años. La CLADE es una red plural de organizaciones de la sociedad civil, con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe, que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado. Esta red está integrada por Foros Nacionales, Redes Regionales y Organizaciones Internacionales que comparten y adhieren a sus principios, entre ellos, la afirmación de la responsabilidad pública del Estado y del ejercicio de los derechos humanos; la educación como un derecho humano promotor de los demás derechos; la democratización y eficiencia del sistema educativo público y la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva de derechos humanos.

La solicitud de membresía fue aprobada por unanimidad por los representantes de las organizaciones miembros reunidos de forma presencial en la XII Asamblea General, que tuvo lugar en Tegucigalpa del 7 al 11 de noviembre del 2022, haciendo un llamado al cuidado, a la transformación y a la justicia social. Luego de esta aprobación, la RREI pasó a participar como miembro pleno en la Asamblea, en la que se desarrollaron diversos talleres y paneles, se aprobó el Plan Estratégico de CLADE para 2023 – 2026, se renovó parte del Comité Directivo, y se elaboró la Declaración Final de la Asamblea.

En esta Declaración la CLADE reiteró el llamado a los Estados para que garanticen el financiamiento a la educación pública,resaltando que la educación pública estatal debe ser gratuita, laica, inclusiva, diversa, democrática, decolonial, transformadora, política y ciudadana, emancipadora, antidiscriminatoria, garante de derechos. Además, señala que en las comunidades educativas deben participar todas las personas, incluyendo grupos históricamente excluidos, como niñas y mujeres, adolescentes, personas adultas y mayores, población empobrecida en zonas urbanas y rurales, distintos pueblos originarios, afrodescendientes, personas con discapacidad y neurodiversidades, personas migrantes, desplazadas y refugiadas, practicantes de religiones minoritarias, campesinas y campesinos, población LGBTQIA+, entre otros.

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