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REGIONAL – mayo 2019
El 8 de mayo de 2019 se llevó a cabo en Kingston (Jamaica) una audiencia temática regional sobre el acceso a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en América Latina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la audiencia, brindamos información sobre la discriminación que experimenta este grupo para ejercer su derecho a la educación, señalando sus elevados índices de desescolarización y segregación en escuelas especiales, así como las barreras que enfrentan en las escuelas regulares. Asimismo, reafirmamos que la educación inclusiva es la única capaz de asegurar la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación, y que es indispensable para brindar una educación de calidad a todos/as los/as alumnos/as, combatir la discriminación y construir sociedades inclusivas, pacíficas y justas.
En esa línea, alertamos sobre el hecho de que “las familias de niños y niñas con discapacidad deben recorrer 30, 40 y hasta 100 instituciones hasta encontrar una que les abra las puertas”, y destacamos que aunque las escuelas deben ser espacios de los que todas las personas salgan fortalecidas y con herramientas para contribuir al desarrollo de sus comunidades, para muchos niños y niñas el paso por la escuela es sinónimo de maltrato, estigmatización y rechazo.
En relación al impacto que que la violación del derecho a la educación inclusiva tiene sobre las vidas de estas personas, sostuvimos que “reduce sus posibilidades de inclusión en la comunidad y de acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones, las expone a vivir situaciones de violencia y maltrato, las empuja a la pobreza y a la institucionalización y las obliga a depender de políticas asistencialistas que atentan contra su derecho a vivir de modo independiente”.
A su turno, los/as comisionados/as manifestaron su preocupación por las prácticas discriminatorias denunciadas. En tal sentido, la comisionada Flávia Piovesan argumentó que la violación del derecho a la educación perpetúa la exclusión y que no hay enseñanza de excelencia sin diversidad.
A fin de responder a algunas inquietudes de la Comisión, desde la RREI enfatizamos en que el derecho a la educación es un derecho de todos los niños y niñas, sin excepciones, y que el hecho de que algunas personas precisen más apoyos que otras no significa que no puedan educarse en escuelas regulares. En tal sentido, hicimos hincapié en que la escuela es mucho más que aprender contenidos académicos: implica socialización, aprender junto a otras personas y construir redes para la vida en comunidad. Por otro lado, aclaramos que la implementación de sistemas educativos inclusivos no supone una mayor inversión de recursos, sino su reorientación desde los entornos segregados a los inclusivos.
La audiencia constituyó una importante instancia para visibilizar la vulneración de derechos a la que se enfrenta este colectivo y reclamar que la Comisión incluya este tema en su agenda de trabajo, monitoree las políticas adoptadas por los países de América Latina y elabore un informe regional con estándares y recomendaciones específicas.
Puede acceder a la grabación completa de la audiencia aquí.