Argentina: La Justicia falla a favor del derecho a la educación inclusiva

ARGENTINA – septiembre 2020

En septiembre de 2019, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización de la RREI situada en Argentina, con el asesoramiento del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presentó una demanda judicial colectiva solicitando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que adopte las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada que se encuentran bajo su jurisdicción.

En dicha oportunidad, se denunció que estas instituciones niegan sistemáticamente la matriculación de niñas y niños con discapacidad, y que el Ministerio de Educación omite controlarlas y sancionarlas. De esta manera, las y los estudiantes con discapacidad y sus familias recorren decenas de escuelas para conseguir una vacante, sin que el Estado actúe para garantizar su derecho a la educación.

En el marco de esa causa, se requirió como medida cautelar que se ordenara al gobierno porteño la difusión del derecho a la educación inclusiva a los efectos de su conocimiento por parte de las familias, así como la implementación de un mecanismo eficaz para tramitar los reclamos que estas presenten ante los rechazos de inscripción. El 16 de septiembre de 2020, el Juzgado Nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, impuso al GCBA la creación de un canal de denuncias accesible, transparente y efectivo y la adopción de una serie de medidas para la difusión de la prohibición de discriminar por motivos de discapacidad en los sitios web y las carteleras del Ministerio de Educación y de las escuelas privadas de la Ciudad.

Para arribar a dicha decisión, la jueza hizo hincapié en el derecho de todas las personas con discapacidad a una experiencia de aprendizaje inclusiva, equitativa, participativa y de calidad de conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmando que este derecho se erige como “principio general que debería guiar todas las políticas y prácticas educativas, a la luz de la concepción de que la educación es un derecho humano fundamental y los cimientos de una sociedad más justa”. Sostuvo, además, que las autoridades públicas deben “asumir un rol activo y proactivo en la implementación de medidas para contrarrestar actos de discriminación vinculados con arraigados prejuicios de toda índole”. Cabe destacar que esta resolución otorga un valor central a los testimonios de las familias de niños y niñas con discapacidad que han transitado el proceso de búsqueda de vacante, enfrentándose a rechazos discriminatorios y a un Estado indiferente. Para conocer más sobre los testimonios de las familias, puede hacer clic aquí.

Para ver la resolución judicial completa, puede ingresar aquí.