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La RREI se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de México para cuestionar una ley que vulnera los derechos de las personas con discapacidad
REGIONAL – junio 2018
El 29 de junio de 2018 la Red Regional por la Educación Inclusiva se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de México para apoyar una acción judicial entablada contra la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. La demanda fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la norma, por ser contraria a la Constitución de México, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y a otros tratados internacionales de derechos humanos.
La RREI estima que la ley vulnera de modo manifiesto los derechos de las personas con Síndrome de Down, al inspirarse en un enfoque asistencialista que las concibe como sujetos “especiales”, que necesitan cuidado y protección y que deben permanecer en espacios segregados. Esta lógica también se proyecta en la disposición en materia educativa. Así, la norma prevé como función de la Secretaría de Educación, por ejemplo, la realización de actividades educativas especializadas, el diseño de módulos educacionales adaptables a las «edades de desarrollo» las personas con Síndrome de Down y la generación de programas especializados para su incorporación paulatina en el sistema educativo, todo ello en abierta contradicción con el derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la CDPD.
Nuestra presentación se orienta a demostrar que ese abordaje profundiza la estigmatización de personas con Síndrome de Down, refuerza la creencia de que deben permanecer aisladas, diluye su sentido de pertenencia social y limita sustancialmente sus posibilidades de incluirse en la comunidad y de participar en todos los ámbitos de la vida. Es, por lo tanto, claramente violatoria de sus derechos humanos y de las obligaciones asumidas por México en el plano internacional.
Destacamos que el Poder Judicial tiene el deber indelegable de corregir el incumplimiento en el que han incurrido los poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad de México. Lo que la Suprema Corte decida en este caso indudablemente tendrá un impacto fundamental en el afianzamiento del modelo social de la discapacidad y en la observancia de los derechos de las personas con discapacidad.
