Argentina: Sentencia histórica para terminar con la exclusión

ARGENTINA – Julio 2022

En septiembre de 2019, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización de la RREI situada en Argentina, con el asesoramiento del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, demandó judicialmente al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada localizadas en dicha jurisdicción. 

En esa oportunidad, ACIJ denunció que estas instituciones negaban sistemáticamente el ingreso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y que el gobierno omitía controlarlas y sancionarlas. Como consecuencia, las y los estudiantes con discapacidad y sus familias debían recorrer decenas de escuelas para conseguir una vacante, sin que el Estado actúe para garantizar su derecho a la educación.

El pasado 23 de junio, el Juzgado nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo. En su decisión, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días. Esta propuesta debe contemplar, como mínimo: el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas. 

Para llegar a esta decisión, la jueza consideró que la prueba presentada era contundente y resaltó que el Estado se constituye en el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva, por cuanto a través de su inacción “parece querer segmentar, encasillar, aislar, segregar, en definitiva, deshumanizar, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las personas con discapacidad”.
Para acceder a la sentencia completa, puede ingresar aquí.